Entrevista a Cristian Venegas A. uno de los Artífices de la “Comisión Políticas de Formación de Pregrado y Condiciones Laborales del Psicólogo”

El 25 de mayo del presente año se constituyó la «Comisión de Políticas de Formación de Pregrado y Condiciones Laborales del Psicólogo» del Colegio de Psicólogos de Chile, (COLEPSI). Esta Comisión, tiene su génesis en la Asamblea General Ordinaria de 2019 del COLEPSI, en la que el PS. Cristian Venegas Ahumada, expuso la necesidad para el gremio de articular esta comisión. Para entender más sobre la conformación de esta mantuvimos una entrevista con Cristián Venegas Ahumada.

Él es Psicólogo de la Universidad Nacional Andrés Bello [UNAB], campus Viña del Mar, es Dr. (c) en Procesos Sociales y Políticos en América Latina mención en Sociología, Universidad de Arte y Ciencias Sociales [ARCIS], Magíster en Psicología Social con mención en Psicología Jurídica, Universidad de Valparaíso [UV]. Actualmente es Profesor media jornada por el Departamento de Psicología, Universidad de Playa Ancha [UPLA], Valparaíso.

¿Cómo surge la idea de formar la comisión?

Para responder a su pregunta, debo necesariamente recurrir a mi historia biográfica, académica y profesional. Pese a que tendrá elementos singulares, algo nos mostrará de los procesos socioestructurales acaecidos y en curso. Pues bien, ingresé a estudiar la carrera de Psicología el año 1997 en la Universidad Educares, Viña del Mar, por aquel entonces las universidades hacían esfuerzos por obtener la aprobación de su “autonomía”.

El contexto en aquellos años era la competencia entre universidades autónomas y no autónomas. Estas últimas debían ser tuteladas por el MINEDUC de manera más directa y el recuerdo que tengo como alumno es que diseñaban exámenes finales para algunas asignaturas elegidas al azar. En este marco, la universidad Educares debía solucionar problemas que impedían su autonomía. El más importante era que los dueños de la universidad lucraban mediante la mantención de relaciones de parentesco directo entre los involucrados en el negocio.

El modus operandi era el siguiente: había un dueño de toda la gestión académico administrativa y otro familiar era dueño del inmueble que aparecía siendo arrendado. Una situación como la descrita había sido indicada por el MINEDUC en dos oportunidades anteriores siendo claro que debía subsanarse. Como los dueños no hicieron caso, corría el tiempo y la tercera oportunidad era el cierre de la universidad y la cancelación irrevocable de su reconocimiento formal por parte del MINEDUC.

Así estaban las cosas cuando el Centro de Alumnos (CCAA) decide alertar a la comunidad estudiantil del inminente cierre de nuestra casa de estudios. En esa asamblea se aprobó por unanimidad la toma de la casa de estudios por parte del alumnado, salimos a hacer un “pasa calle” con batucada e intentamos cortar el tráfico de la calle 1 Norte sin resultados positivos, por tanto, debimos replegarnos en la universidad, la tendencia fue que la mayoría de los medios de comunicación no cubrieron la noticia. Por aquel entonces “TVN Red Valparaíso”, destinó escasos segundos como noticia, hubo un paneo de la cámara con nosotros saludando y sacando los lienzos por la ventana mientras una “voz en off” decía: “alumnos de la universidad Educares Viña del Mar están en toma por inminente cierre de la casa de estudio”. Eso fue todo, no hubo ninguna descripción del contexto que nos hacía estar en esa situación.

Pasó el tiempo y se comunicó que la universidad Educares era comprada por la universidad Nacional Andrés Bello (UNAB). Esto significó un importante éxodo de alumnos y alumnas pues el costo de la matrícula subió el doble y el costo de la mensualidad también se incrementó fuertemente. Por lo mismo, muchos compañeros y compañeras se fueron a la Universidad del Mar que cobraba aranceles más módicos para terminar su formación.

Al llegar al presente punto, me parece fundamental agregar que como sabemos la Universidad Educares y años más tarde la misma universidad del Mar sería cerrada. Esta última casa de estudios se transformó en un ejemplo paradigmático que impulsaría la promulgación de la “Ley de Administrador Provisional y de Cierre” luego que los alumnos quedaran sin poder seguir estudiando.

Para ambos casos, quienes finalmente egresaron de esas casas de estudio vieron afectado el valor simbólico de sus títulos profesionales por el desprestigio que sobrevino sobre esas casas de estudio. Mientras esto pasaba los alumnos, las familias que creyeron en esos proyectos educativos vieron con impotencia cómo la protección de los intereses privados empresariales era más importante que el derecho a la educación y a la continuidad de estudios, es decir, empresarios que sacaron el dinero de su negocio universitario muy rentable, mientras del otro lado el sueño de ser profesional o de un reconocimiento social al estatus del título obtenido se desvanecía.

Me gradué como psicólogo habiendo tenido una formación de pregrado (licenciatura) 3 años por la Universidad Educares y luego 3 años por la Universidad Nacional Andrés Bello. En total, 6 años de estudio era lo que duraba estudiar Psicología en aquel entonces. Me gradué el año 2003, pese a titularme con un 6,8 promedio de la carrera y haber sido calificado con nota máxima en mi tesis y defensa de grado enfrenté una cesantía de dos años. Después de haber transcurrido ese tiempo me salió por fin un trabajo como profesor universitario en una universidad privada donde estuve en la modalidad de honorarios (“boleteo”) desde el año 2005 al año 2010. Como me tenían precarizado laboralmente, me hacían un contrato por honorarios para el primer semestre y luego un contrato a honorarios para el segundo semestre. Esto hacía que en la práctica me quedaba sin sueldo enero y febrero. Además, considerando esta modalidad contractual, las clases realizadas en marzo me la pagaban “mes vencido”, es decir, la primera semana de abril.

En otras palabras, había que tratar de ahorrar durante el año porque había que saltar de diciembre que es el último sueldo hasta abril del año siguiente. Por aquel entonces, pagaba dividendo por un departamento social SERVIU donde vivía, de todas maneras, los ahorros no me alcanzaban para estar 3 meses sin sueldo. Pese a que me había “independizado económicamente”, de todos modos, mis padres me debían ayudar con dinero para llegar a fin de mes. Otros colegas, que no tenían red de apoyo para suplir esos meses sin sueldo, debían endeudarse pidiendo un préstamo en el banco.

El año 2011 ingresé a estudiar el Doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina (PROSPAL) en la Universidad de Arte y Ciencias Sociales (ARCIS) programa formativo coordinado por la Escuela Latinoamericana de Postgrados (ELAP). Actualmente soy alumno tesista, sin embargo, he debido enfrentar la públicamente conocida crisis de la ARCIS que nos ha tenido 4 años en la incertidumbre hasta que recién en marzo de este año la Contraloría General de la República, luego de la presión política de nuestros dirigentes y el apoyo de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, se establece que al igual que los alumnos de pregrado de la mencionada casa de estudios, también quienes cursamos postgrados tenemos derecho a la continuidad académico administrativa de nuestros estudios. Pese a que en marzo del presente año eso fue confirmado por el MINEDUC, aún no publica la licitación para que alguna casa de estudios se haga cargo de la gestión de los postgrados ARCIS. Como es posible apreciar, pese a que existe la “Ley de administración Provisional y de Cierre”, el MINEDUC no ha tenido la voluntad política de actuar con eficiencia como verdadero garante de nuestro derecho a la educación y a la continuidad de estudios.

Todo lo anteriormente señalado es para indicar que mi experiencia en la formación de pregrado y postgrado como así también en el mundo laboral, he vivido los efectos adversos de este modelo económico neoliberal que produce cesantía, precarización del empleo y permite el lucro en la Educación Superior Universitaria al faltar todos los mecanismos de fiscalización efectiva como así también la debida independencia de intereses políticos y económicos por parte del MINEDUC como de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) para hacer un análisis de la calidad de los programas formativos en base a indicadores válidos y confiables, no sólo de coherencia narrativa de la misión y visión de la universidad, el discurso de alumnos/as de distintos años de la carrera, egresados/as y empleadores.

Teniendo una experiencia como la narrada hasta el presente punto, también me he enterado de muchos casos de abuso de poder por parte de distintas universidades privadas especialmente, la cesantía de ex compañeros míos, la precariedad laboral e incluso el caso de colegas que han dejado el ejercicio de la profesión porque es más rentable dedicarse a otra actividad laboral por los bajos salarios y las escasas oportunidades laborales efecto directo de la desmesurada masificación de la carrera de Psicología. Un dato es revelador en ese sentido, el 88% de la oferta de pregrado está en manos de universidades privadas y sólo el 12% en universidades estatales. Una situación como la descrita me ha llevado a manifestar mi compromiso social transformando en una línea de investigación desde el año 2010 el tema de la “Formación de pregrado y ejercicio profesional de la Psicología en Chile”. En este mismo sentido, los 9 años de estudio que llevo sobre la línea temática me ha llevado a proponer en Enero del presente año al Colegio de Psicólogos de Chile, -al cual me encuentro afiliado-, la necesidad que se constituya una «Comisión de Políticas de Formación de Pregrado y Condiciones Laborales del Psicólogo».

En base a mi planteamiento el Directorio Nacional de nuestro gremio encontró pertinente que se incluyera como punto en la tabla de la Asamblea General del 27 de abril del presente año, la propuesta de generar la mencionada comisión. Expuse algunos de los principales resultados de las investigaciones que he realizado durante estos años y la asamblea aprobó por unanimidad la creación de la comisión.

¿Qué aspectos se han tomado en cuenta?

Actualmente la comisión está trabajando con un equipo grande de varios colegas que han planteado una serie de temáticas, cada una de ellas muy importante en el ámbito de la formación y ejercicio profesional de la Psicología que nos permita no sólo tener un rol reactivo frente a las condiciones actuales y amenazas que se ciernen sobre nuestra profesión sino además proactivo. Los aspectos o temas que se tomarán en cuenta durante este año implican por su naturaleza generar subcomisiones. Le puedo mencionar los puntos que se proponen para desarrollar durante el presente año:

1. Necesidades de psicólogos en Chile. Análisis de la experiencia internacional.

2. Condiciones de ingreso para estudiar psicología.

3. Programas de Nivelación de estudiantes

4. Actividad docente. Horas lectivas y no lectivas.

5. Remuneración docente y carrera docente.

6. Programa de estudio, duración de la carrera, programas académicos y de formación profesional.

7. Aspectos inclusivos en los programas. El Psicología transcultural, estudios de las narrativas de diferentes etnias.

8. Tecnología y comportamiento humano.

9. Condición laboral actual de los colegas psicólogos, calidad de las condiciones laborales, tiempo real dedicado a actividades en su rol de psicólogo y otros temas afines.

10. Evaluar los programas de formación y proponer fundamentadamente un programa de pregrado. Desde ahí, pelear por la necesidad de que las universidades se acrediten y los alumnos se certifiquen. De manera que puedan postular a los magister y programas de especialización.

11. Selección de alumnos, que sean aptos para el ejercicio profesional.

12. Acreditación de instituciones, estándares de formación y homogenización de los programas o aspectos mínimos de contenidos 13. Pronunciamiento púbico sobre condiciones laborales.

Entiendo que el objetivo es que la comisión interceda frente a las universidades para mejorar y estandarizar la malla curricular. ¿Es correcto?

Si bien ese es uno de los puntos a largo plazo, en lo inmediato, para darle visibilidad y actoría política de modo público y notorio a esta comisión está la redacción de un comunicado público que, en base a la evidencia proveniente de estudios científicos, entregue un fundamento firme al comunicado que se transformará en un verdadero hito en la historia reciente del gremio al abordar la desprofesionalización en la formación y ejercicio profesional de la Psicología en nuestro país. Además, de este modo manifestamos como gremio una posición de compromiso social y solidaridad hacia los y las colegas que se encuentran cesantes o precarizados laboralmente.

En segundo lugar, y no por ello menos importante, se están revisando algunos ejemplos de diplomados que a juicio de la comisión son desprofesionalizantes y han sido presentados al abogado del Colegio de Psicólogo para que los analice y estudie si es posible presentar acciones legales contra esas casas de estudio amparados en la legislación vigente para así intentar ocupar al máximo el estrecho margen que nos queda en el marco de una Constitución Política que data de 1980 y que protege derechos individuales en términos de “libertad de enseñanza” y “libertad de empleo”.