Declaración Pública respecto del caso Vera Villarroel

El Colegio de Psicólogos de Chile, a través de su Comisión de Derechos Humanos y su Directorio Nacional, desea expresar su más absoluto rechazo a los graves hechos de violencia sexual reiterada denunciados en contra del psicólogo Pablo Vera Villarroel, lo que habría sucedido en el contexto de su ejercicio profesional como académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago de Chile, teniendo además el cargo de jefe del Departamento de Investigación Científica y Tecnológica de dicha casa de estudios. Lo anterior ha sido investigado y sancionado en un proceso de sumario administrativo y prontamente será investigado por la justicia ordinaria.

Como Colegio Profesional consideramos de extrema gravedad los actos denunciados y, es por ello, que queremos extenderles nuestra sincera solidaridad a las psicólogas que lo han denunciado y a todas las personas afectadas por estos hechos.

La violencia sexual debe comprenderse como una de las manifestaciones más graves de la violencia de género, establecido de esa forma en tratados de los Sistemas Supranacionales de Protección de los Derechos Humanos, suscritos y ratificados por el Estado de Chile. Este tipo de violencia estructural corresponde a un proceso de trauma complejo, que se caracteriza por sobrepasar la estructura psíquica de las personas y la capacidad de la sociedad para responder a estos fenómenos, provocando daño psicológico tanto a las víctimas como a la comunidad y a la sociedad en su conjunto. Lo anterior se ve agravado por el silencio y la impunidad, comprendiendo esta última como un fenómeno que trasciende las limitaciones del sistema de administración de justicia, además de insuficiente verdad, reconocimiento y reparación.

Como psicólogas y psicólogos estamos llamados a actuar garantizando la integridad, la libertad y los derechos de cada persona, debiendo esto ser respetado en todos los espacios. Esto, sin duda, también aplica para el ámbito académico. Es por ello que, en el contexto de estos lamentables hechos, como gremio no sólo nos corresponde romper el silencio denunciando sino que, también, colaborar con el reconocimiento y reparación de las víctimas. Lo anterior se encuentra consagrado en nuestro Código de Ética vigente, conjunto de normas y principios que deben regir nuestro actuar.

Los hechos denunciados visibilizan y evidencian un profundo problema de orden público, presente desde hace más de 40 años: la vulnerabilidad de la sociedad chilena al no contar con colegios profesionales que puedan, legalmente, cautelar el ejercicio ético de las distintas disciplinas. Esto limita las posibilidades de sanción por parte de nuestro colegio profesional ante la posible comisión de tan graves delitos por parte de psicólogos y psicólogas. En 1980 se transformó a los colegios profesionales en asociaciones gremiales, las que son organismos de derecho privado, sin facultades de tuición profesional efectiva. Este acto distorsionó el verdadero rol público que deben cumplir estas instituciones: velar por el correcto ejercicio de las profesiones y su orientación al desarrollo de la sociedad y servicio público. Resulta paradójico que la sanción máxima que puede aplicar un colegio profesional en la actualidad, ante conductas graves y antiéticas de un/a profesional, sea la expulsión del mismo del colegio correspondiente, lo que implica, como consecuencia, que no se le podrá exigir el respeto por el Código de Ética que suscribe la asociación gremial respectiva.

Es por lo anterior que hemos venido solicitando, a los diferentes gobiernos y períodos parlamentarios, trabajar en esta materia para que los colegios profesionales recuperen la tuición ética, pudiendo así proteger a la población de la acción de profesionales que, contrario a lo que todos deseamos, ejercen con un inadecuado comportamiento ético profesional.Finalmente, queremos señalar que entendemos lo importante que es para las personas afectadas el que la comunidad comprenda que, en los procesos de administración de justicia, los delitos de violencia sexual revisten un complejo desafío tanto en su investigación como en su sanción, lo que muchas veces se traduce en que, en ocasiones, no se establezca condena en contra de los/as agresores. Lo anterior no quiere decir que los hechos no hayan sucedido. Para nosotros como psicólogas y psicólogos, no sólo la sanción del agresor es importante sino que, también, reviste gran importancia el reconocimiento, la reparación y el bienestar de las personas afectadas.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS            DIRECTORIO NACIONAL
COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE CHILE

Santiago, 18 de Agosto 2020

 

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